Informe Anual AI: entre un cambio de gobierno y un mismo discurso

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Como cada año  Amnistía Internacional da conocer su informe sobre Derechos Humanos a nivel nacional e internacional para el momento en el que nos encontramos y buscar opciones más eficaces en derechos humanos.  En esta ocasión se contó con la presencia de Verónica  Rodríguez, responsable del área de vinculación de AI, Daniel Zapico director de AI; los invitados Ana Luna Serrano, abogada de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C (CADHAC) y Alberto Xicotencatl, director de Casa Migrante de Saltillo.

Daniel Zapico dio a conocer el informe nacional referente a los derechos humanos, marcado ante un contexto de cambio de gobierno y un cambio de discurso. La transición permanece sin cambios significativos. En relación al último gobierno de Felipe Calderón, existió una relación sistemática de las violaciones de derechos humanos,  falta de credibilidad de las investigaciones oficiales que desembocaban en la impunidad sistemática. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha reconocido alguno de esos problemas pero las palabras no bastan para solucionarlas.  Los cambios de carácter cosméticos no son suficientes.

En materia de seguridad Amnistía Internacional sigue insistiendo de las detenciones arbitrarias, torturas y el uso excesivo de la fuerza, incluso a denuncias de detenciones extrajudiciales. Las desapariciones, incluyendo a las forzadas son una herida abierta; 26000 son los que se han a conocer en el informe de Diciembre de 2006 y diciembre de 2012, demostrando un patrón generalizado de desapariciones; la violación a los derechos humanos y la ausencia de justicia.

Referente al problema del arraigo, mencionó que es una figura asociada a la tortura y a la fabricación de pruebas en México. Ha sido condenada por diferentes órganos la ONU recomendando su legislación. El legislativo mexicano impulsó una reforma y sólo redujo los días sin cambiar las condiciones que hacen del arraigo un instrumento de violación a de los derechos humanos.

El nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto prometió a no tolerar la tortura, pero desde su llegada al poder no ha habido acciones nuevas o políticas públicas específicas para prevenir o sancionar la tortura o malos tratos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos refirió 1662 denuncias de casos de torturas y malos tratos sin ninguna condena por esas violaciones.

En cuanto a la eliminación del fuero militar, sin avances reales para regularlo conforme a los estándares internacionales. La salida del ejército a las calles ha estado asociada con el aumento a las violaciones a los derechos humanos. No hay indicios que indiquen que la planeación y la rendición de cuentas por las posibles violaciones de derechos humanos

No ha mejorado la situación de las personas migrantes que atraviesan México. Siguen sin conocerse las medidas que el gobierno Federal piensa implementar realmente para detener los abusos contra migrantes. Los grupos criminales y funcionarios públicos coludidos siguen actuando con total impunidad.

En cuanto a la situación a los periodistas, el año pasado fueron asesinados al menos seis. Amnistía internacional pide que se tomen las medidas concretas para garantizar que todas las autoridades respeten y protejan los derechos humanos como la libertad de expresión, información y asociación. Zapico mencionó “es imprescindible que el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas… cuente con los recursos, las capacidades y el compromiso de todas las autoridades del gobierno para poder funcionar y garantizar protección efectiva a quienes sufren la violencia solo por realizar su labor”. Además recalcó lo imprescindible la investigación efectiva pues mientras los perpetradores continúen en la impunidad será difícil poner fin al clima de violencia que enfrentan  periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos en todo el país.

Uno de los problemas olvidados es la discriminación y la violencia contra las mujeres. La invisibilización de la violencia se producía al articular nuevas leyes, por ejemplo como la tipificación del feminicidio.

En cuanto a la discriminación de los pueblos indígenas se pueden encontrar en la limitación de los servicios básicos. El sistema de Justicia Penal niega en México de forma sistemática acceso a las personas indígenas a un juicio justo y reparación efectiva.

En el entorno internacional Verónica Rodríguez destaca un panorama de pasividad, inacción y la falta de capacidad o voluntad de los que tienen el poder en el mundo, enlistando a 112 países tortura por sus propios ciudadanos, se reprimió la libertad de expresión en más de 100 países, se produjeron juicios injustos sin respetar los estándares internacionales en 80 países, y en más de 50 se encarceló personas simplemente por sus ideas; las fuerzas de seguridad cometieron Homicidios ilegítimos en al menos 50 países, hubo desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad en al menos 31 países, en al menos 36 países hombreas, mujeres y niños fueron desalojados de sus viviendas y 15 millones de personas se registraron como refugiados, personas que han tenido que huir de sus países para escapar de la violencia y la represión.

Referente a al tema de discriminación de las mujeres, señaló hechos dramáticos en Mali, Chad, Sudán y República del Congo por violaciones sexuales por parte de los grupos armados, los talibanes ejecutaron extrajudicialmente a mujeres en Afganistán y Pakistán.

En avances de derechos humanos, Filipinas aprobó una nueva ley reproductiva, además se firmó el primer tratado internacional sobre el comercio de armas en la historia.

Exaltó que los gobiernos se preocupan más por proteger sus fronteras que garantizar los derechos de las personas fomentando o permitiendo  muchas veces el racismo  y la xenofobia y utilizando las leyes para excluir a las personas que vienen de otros países.

En la intervención Ana Luna Serrano dio un panorama de la situación de los derechos humanos en el estado de Nuevo León dando a conocer datos de desapariciones desde el 2009 en los cuales se han documentado 233 casos. Las familias de desaparecidos y CADHAC vieron que 30% de los casos se podían considerar como desapariciones forzadas ya que había clara evidencia de la participación de un funcionario del estado  de la presunta desaparición.

En materia de ejecuciones extrajudiciales en Nuevo León la figura no es tipificada como un delito. Mencionó el caso de Gustavo Acosta Luján ejecutado extrajudicialmente en el 2011 por parte de elementos de la Marina, plantando drogas y armas en su casa y señalándolo como uno de los delincuentes más buscados. Otro caso fue del estudiante Adrián González Villarreal estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León asesinado por policías municipales, confundido con un delincuente.

Alberto Xicotencatl realzó que desde hace 40 años la población migrante es víctima de derechos humanos y de delitos. En 2008 comienza a crecer la violencia a través de secuestros y ejecuciones. Agradeció a Amnistía Internacional por su apoyo en el 2009 debido a que en Casa Migrante Saltillo sufrieron de amenazas de muerte por parte la comunidad de saltillo y por bandas de la delincuencia organizada y al mismo tiempo de una campaña de desprestigio del Congreso del Estado de Coahuila y también de los medios de comunicación que eran alentados por el mismo estado.

Concluimos con las siguientes palabras del director de Amnistía Internacional, Daniel Zapico “El balance en derechos humanos durante los últimos años es francamente negativo. A pesar de las promesas del actual gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de derechos humanos no están a la altura de la gravedad de la situación que vive México. El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene un reto fundamental y es romper con la tradición de promesas vacías que se ha instalado en la política mexicana, México no necesita palabra bonitas… México necesita que se ponga fin a los abusos”.

 

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